Una de las razones por las que el gobierno de Gustavo Petro propuso eliminar la intermediación que cumplen las aseguradoras, conocidas como Empresas Promotoras de Salud (EPS), entre el Estado y los usuarios de los servicios de salud en Colombia, fue, además de la corrupción que ha sido destapada desde hace ya más de una década, entre los actores del sistema; fueron las permanentes quejas de los usuarios, reflejadas en las acciones de tutelas que cada año agolpan los juzgados del país.
Una vez presentado el proyecto de Reforma a la Salud, le llovieron críticas, principalmente por la propuesta de eliminación total de las EPS como aseguradoras, cosa que apenas a un mes de estar en trámite la reforma, ya va tomando otro rumbo.
Mientras se daban a conocer los argumentos que exponen las EPS, para considerar equivocada esta iniciativa, se conoció la semana pasada una encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos, donde a la pregunta sobre la eliminación de las EPS, el 80% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con esta idea, siendo esa cifra la más alta desde que se está midiendo la percepción de los ciudadanos sobre el asunto.
Este resultado supera los guarismos de abril y noviembre del año pasado donde el rechazo a esta iniciativa fue de 79 % y 71% respectivamente.
Sin embargo, uno de los apartes de la encuesta estuvo dedicado a conocer la opinión sobre la pregunta: ¿Quiere usted que la Reforma a la Salud sea aprobada por el Congreso de la República? La respuesta fue contundente, pues solo el 35 % de los habitantes de sectores urbanos y 29 % de las zonas rurales aseguraron no querer su aprobación.
Solo el 38 % del total de los participantes en el estudio se mostró de acuerdo con quitarles a las EPS el manejo de los recursos para que pasen a ser controlados de manera directa por entidades del Gobierno Nacional a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Aunado a lo anterior, el 58 % está en desacuerdo con que durante el denominado periodo de transición de la reforma, todos los usuarios de las EPS en proceso de liquidación se trasladen únicamente a la Nueva EPS. El 38 % dijo estar de acuerdo con esta propuesta contenida en el articulado, mientras que un 13 % dijo no entender de qué se trata el asunto.
La otra cara
Contrario a lo que dice esta encuesta y recordando las razones por las que el Gobierno, consideró la eliminación de las EPS, están las cifras de quejas, reclamos y tutelas que a diario se presentan contra estas entidades, por la ausencia o falta de oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
En diciembre del año pasado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre enero y septiembre del 2022, se presentaron 109.825 tutelas en contra de entidades de salud, un promedio de más de 12 mil al mes, que para esa fecha ya superaba ampliamente las que se presentaron durante el 2021, que en total fueron 92.499, dato que ya había presentado el mismo Ministerio de Salud.
Las regiones con más tutelas en salud en los primeros 9 meses de 2022 fueron Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander. Las EPS recibieron el 77% de las tutelas por vulneraciones al derecho a la salud siendo las más cuestionadas: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Salud Total y Savia Salud y las EPS con más tutelas por cada 10.000 afiliados fueron Savia Salud, Emssanar, Ecoopsos, Nueva EPS y ComfaOriente.
“Es inaudito que las personas tengan que seguir acudiendo a la tutela para que las autoridades judiciales ordenen a las EPS cumplir con las obligaciones que ya están consagradas en la legislación colombiana. El derecho a la salud es el segundo derecho más tutelado en el país”, dijo en aquel momento.
En el mismo sentido se pronunció el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, quien reveló que las tutelas reclamando por el servicio de salud, habían crecido en el 2022, un 38% con respecto al año 2021.
Frente a estas aparentes contradicciones en el sentir de los colombianos, con respecto a la eliminación del rol de las EPS en el actual sistema de salud, podría decirse que o hay una desinformación sobre el tema, o una campaña –por demás evidente- de las EPS para evitar que la propuesta de su eliminación salga adelante en el Congreso, o que el aparato judicial en efecto, como han considerado algunos expertos, desde años atrás, esté siendo utilizado de manera abusiva para acceder a servicios que no tienen ninguna relación con la prestación del servicio de salud.
Lo cierto es que por ahora, la puja la van ganando las EPS, porque ya el proyecto está sufriendo modificaciones y lo que se vislumbra es que no desaparecerán, como está previsto en el proyecto inicial, pero sí les serán eliminados algunos de los roles que hoy cumplen.
