La pandemia del coronavirus declarada en 2020, habría de suponer que las Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incrementarían sus giros para fortalecer los prestadores de servicios de salud a lo largo y ancho del país, especialmente a través de los cerca de 930 hospitales públicos con los que cuenta, todo, para hacerle frente a semejante problema de salud pública, fenómeno que a Colombia le ha costado hoy más de 119 mil muertos y acumula más de 4, 7 millones contagios reportados.
¡Pero no fue así!
Los Hospitales Públicos solo recibieron el 17% de los recursos en 2020, el mismo porcentaje de 2019. En otras palabras, si hace dos años el sector salud atravesaba por una de sus peores crisis financieras, en el 2020 (año en el que estalló la pandemia), los hospitales públicos recibieron los mismos recursos que el año anterior, como si no hubiera pasado nada y los recursos del sector no se hubieran incrementado.
La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, puso sobre la balanza lo que para muchos es el verdadero problema de la salud en el país: “¿es ineficiencia de lo público o realmente falta de herramientas y recursos para trabajar?”.
Esto confirma y de paso desmiente, la versión de algunas voces de las EAPB, en el sentido que se hayan generado pagos adicionales al sector público, a pesar de que todos los costos aumentaron durante la pandemia y que hubo un real desequilibrio económico en especial en los contratos que desarrolla la red pública de baja y mediana complejidad.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) confirman que las fuentes tradicionales no serán suficientes para garantizar el cierre financiero, además que a futuro el incremento de la demanda de los servicios de salud será la principal fuente de incremento del gasto en salud. Los mismos expertos confirman que para la siguiente década, el gasto del aseguramiento en salud puede superar el 7,7% del PIB (actual estimativo) en la siguiente década, el que podría llegar al 9,9% (2.035). La demora en el flujo de los recursos sigue siendo otro cuello de botella para los analistas.
“Desde ANIF creemos que la sostenibilidad de largo plazo parte por fortalecer el aseguramiento y generar eficiencias en el gasto. Aún con eso, el Presupuesto General de la Nación deberá aportar 0.3% del PIB, en promedio al año, hasta 2035”, indica el documento.
Las cifras no mienten
Y como si lo anterior no fuera poco, al crecimiento acelerado de la cartera de las EPS y otros deudores ($9.4 billones a 2020), se le agregan nuevos problemas, como las enormes deudas del Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), este última que corresponde a vacunación a millones de colombianos en los 32 departamentos. Es de anotar que ya se han aplicado más de 24 millones de dosis por parte de prestadores, no obstante, los recursos girados por ese concepto no alcanzan a pagar ni siquiera el 40% de dosis aplicadas.
Los prestadores (clínicas y hospitales públicos y privados) resultaron mucho más lesionados en sus finanzas de lo que se pensaba a 31 de diciembre de 2020, porque las 5.500 IPS privadas y los 923 hospitales públicos reportaron peores saldos contables y aumentos en sus carteras, mientras las empresas promotoras de salud arrojaron, por primera vez en años, utilidades netas que superan los $585 mil millones.
El año pasado, cuando ningún ser sobre el planeta estaba preparado para enfrentar los efectos de la pandemia, las empresas sociales del estado colombianas informaron ingresos por $14.6 billones, que comparado con el 2019 obtiene un descenso de 7.80%, cuando en ese periodo fue de 15.6 billones de pesos. Los costos de producción también aumentaron de $9.3 billones en 2019 a $9.6 billones en 2020, es decir sufrieron un incremento de 3,92%. En otras palabras, el aumento de elementos e insumos de trabajo para atender la emergencia, las condiciones de oferta y demanda, las fluctuaciones y variaciones en condiciones de mercado, además de la disminución de las actividades contratadas, condujo a que el costo medio aumentara, toda vez que el costo total (fijo más variable), no se alcanzó a cubrir con los ingresos, con lo cual el punto de equilibrio se desplazó en el tiempo por la pérdida de economías de escala.
En esa operación, al aumentar los costos y disminuir las ventas, la diferencia bruta de la utilidad en 2020 fue negativa (-1.6 billones de pesos) para los hospitales públicos. Las utilidades brutas de estos prestadores también fueron castigadas el año inmediatamente anterior, pues de $6.3 billones en 2019 se pasó a $4.7 billones. El peso de los costos de producción también incrementó de 59.52% en 2019 a 67.09% en 2020, es decir, la especulación de muchas materias primas hizo que este rubro se elevara en 7.57%.
El valor de la cartera (lo que le deben a los hospitales públicos) no disminuyó de manera significativa en el año 2020 y acorde a las cifras reportadas por el Decreto 2193 (reporte obligatorio de las Empresas Sociales del Estado al Ministerio de Salud y Protección Social) a marzo 31 de 2021 nuevamente tenemos un incremento de cartera que llega a los $9, 4 billones de pesos.
Ante estos números, sostuvo la directora de Acesi, el comportamiento financiero demuestra, una vez más, que las cifras no mienten y que el modelo de la salud en Colombia está diseñado para que las EPS tengan condiciones mucho más favorables que los hospitales, incluso en medio de las peores crisis imaginables como la que atraviesa hoy el mundo y que los héroes de la salud como nos llaman, siguen estando en las peores condiciones laborales, producto de la crisis de los prestadores de servicios de salud que en el momento más importante del plan nacional de vacunación, están quedándose sin presupuesto y recargando al personal porque no tienen como reforzar sus equipos para lograr cumplir los objetivos propuestos.
Por último, Acesi solicitó que se les ayude a que las EPS realicen el pago inmediato de sus deudas de atenciones brindadas desde el 2019 que están sin cancelar; así mismo se solicita el giro de recursos correspondiente a la atención de migrantes que tiene a varios hospitales asfixiados con las deudas por este concepto.
