Un total de 12 gremios del sector salud, a saber: Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico Colombiano, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asociación Nacional de Profesionales de la Salud, Colegio Médico de Antioquia, Asociación Médica Sindical Colombiana, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Federación Odontológica Colombiana y la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, que hacen parte de los “Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”, emitieron un comunicado donde exponen los puntos en los que respaldan el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno, y en los que piden claridad porque les generan preocupaciones.
Están de acuerdo con lo que plantea el proyecto, en el sentido de que existe la real necesidad de fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) y las acciones positivas para intervenir los determinantes sociales de la salud.
Así como comparten el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, y dar solución a las inequidades, en especial en las zonas con población dispersa.
También ven con buenos ojos la conformación del Consejo Nacional de Salud, así como la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud en cumplimiento del Art. 19 de la LES.
Señalan el su comunicado que “Coincidimos en la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas”.
Los reparos
Sin embargo, expresan lo que llaman “riesgos”, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del nuevo Sistema de Salud para garantizar el derecho a la salud.
Entre ellos destacan que en el proyecto de ley, se contempla una “proliferación de entidades con funciones superpuestas: 3 nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de 3 ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a 6 entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades, por lo que no solo advertimos colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos”.
En cuanto a la ADRES, consideran que la entidad tal como funciona en la actualidad, no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones, además de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a la salud.
Talento humano
Además advierten que no está claro cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 Centros de Atención Primaria (CAPIRS) que se propone adecuar o construir, más la constitución y puesta en marcha de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios.
De igual manera creen que los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT propuestos. “Además, para quienes están en proceso de formación como especialistas, su desplazamiento a zonas periféricas con este fin no consulta los objetivos del sistema nacional de residencias médicas y la autonomía universitaria, dado que las prácticas formativas en lugares sin infraestructura, ni supervisión docente, no son convenientes; tampoco se explican las condiciones académicas, de remuneración, bienestar y de seguridad”, añaden.
Tampoco se precisan según las agremiaciones firmantes, las fuentes de financiación para sostener a largo plazo la incorporación al sistema a los más de 13 mil trabajadores del sector salud, cuya sola formación demandará 9 billones de pesos.
También plantean inquietudes respecto a la autoregulación médica, pues consideran que se violaría ese principio, si en los comités que funcionarían en las IPS, se incluyen otros profesionales. Y advierten que las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del Proyecto, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud.
Finalmente, consideran necesario que se establezca un periodo definido de transición, para no generar incertidumbre entre los actores y la población.
Así como que se aclare de qué manera los trabajadores independientes con capacidad de pago, aportarán al sistema, una vez desaparezca su obligatoriedad de afiliarse a una EPS, y que de todas formas podrán ser atendidos en un CAPIRS y adquirir el derecho al plan de beneficios.
