Luego de haberlo hecho con la ex superintendenta delegada para la Supervisión Institucional de la SuperSalud Eva María Carrasacal, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exagente interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Enrique Grosso, por presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En concepto del Ministerio Público, Grosso pudo vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y celeridad que deben caracterizar el actuar oficial de quienes ejercen funciones públicas. La falta fue calificada provisionalmente como falta gravísima.
Una procuraduría distrital le reprochó al antiguo agente especial que, al parecer, no diera cumplimiento a lo establecido en una resolución de mayo de 2013, acción con la que probablemente habría afectado la prestación de servicios de salud a los usuarios de la EPS.
Dice el informe de llamado a juicio disciplinario que Grosso Sandoval “debía realizar el seguimiento a los indicadores de calidad y alerta temprana con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio de salud; revisar la cobertura y acceso a la red contratada y diseñar un plan de trabajo con la participación de los usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar las alternativas para la adecuada operación de la entidad a largo plazo”.
Estos no son los únicos cargos que enfrenta Rosso, que vale recordar está detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación; mientras que la Contraloría, lo acusa de que mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración. Ese hallazgo se remitió tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría. Unos días después de ese anuncio, la Contraloría de nuevo se refirió a Grosso, indicando que en Cafesalud se gastó más de $2.000 millones en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.
