El próximo 28 de febrero vence el plazo para que las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial reporten el estado de su planta con corte al 31 de diciembre de 2018, en lo concerniente a la vinculación y desvinculación de personal, y al porcentaje de empleos ocupados por personas con discapacidad.
Con la información que cada una de las entidades reporte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, elabora un informe de caracterización de discapacidad en el sector público.
El director de este departamento, Fernando Grillo hizo un llamado para que las entidades vinculen en sus plantas a personas con discapacidad, en los términos establecidos en el Decreto 2011 de 2017, que establece un porcentaje de incorporación mínima de acuerdo con el tamaño de la entidad.
En la actualidad laboran para el Estado 1.941 servidores públicos con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 0.16% del total de trabajadores estatales, cifra que aún dista de las 12 mil personas que espera emplear el Gobierno nacional para el año 2022, en cabeza de Función Pública, la Alta Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo.
De los servidores con discapacidad vinculados, el 38% son de la rama ejecutiva del orden nacional, un 35% del orden territorial y un 21% de la rama judicial. Los sectores de justicia, defensa y hacienda son los que emplean mayor número de servidores públicos con algún tipo de discapacidad.
Así mismo, se conoció que en el nivel asistencial hay un 34% de servidores con discapacidad, seguido del nivel profesional y técnico con un 31% y 29% respectivamente; la discapacidad visual y física son las más representativas en los servidores públicos, y en cuanto a género, los hombres representan un 54% frente a 46% de participación de las mujeres.
