Recientemente se llevó a cabo el conversatorio “Alternativas para una política de seguridad farmacéutica en Colombia” organizado por el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud – INNOS, el cual contó con la participación de panelistas como Carlos Álvarez, coordinador de estudios sobre el Covid-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Colombia; Jaime Andrés Cano, director de la Corporación para Investigaciones Biológicas; Francisco Noguera, Gerente de Innovación y Experiencias de INNpulsa y Álvaro Amaya, coordinador académico de INNOS.
Ricardo Palacios, director del área de investigación clínica del Instituto Butantan de Brasil, participó como panelista y habló de la perspectiva internacional del tema, junto con Adriana Pacheco, directora del doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque y el senador Iván Darío Agudelo, quienes brindaron a la audiencia un panorama general y contexto de la seguridad farmacéutica en Colombia.
Desde el 2020 se está hablando de un proyecto de Ley, cuyo objetivo principal propuesto en su artículo 3, es el de ‘proteger al país en el largo plazo de cualquier posible desabastecimiento de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales y de la dependencia externa en materia científica, tecnológica, industrial o logística para la investigación, desarrollo, innovación, producción, distribución y dispensación de dichos bienes’.
Este proyecto que ha sido liderado por el senador Agudelo y respaldado por diferentes actores del sector, le permitirá al país afrontar los desafíos que impuso la nueva realidad y cerrar las brechas en términos de accesibilidad a bienes esenciales como medicamentos, vacunas, equipos médicos, entre otros, que se hicieron más visibles durante la pandemia.
“La ciencia es la mejor herramienta que tiene el ser humano para superar las enfermedades y los trastornos sociales y económicos a los que nos vemos enfrentados. Por eso es tan importante que Colombia a través de sus políticas, promueva e impulse la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, advierte Agudelo.
El panorama internacional
Al hablar de políticas de seguridad farmacéutica, ya son muchos los países que le han tomado ventaja a Colombia. Solamente en la región, países como Brasil o Perú cuentan con una legislación clara e instituciones gubernamentales encargadas de asumir la responsabilidad en cuestión de investigación y desarrollo.
Es el caso del Programa de Autosuficiencia Nacional en Inmunobiológicos (PASNI) de Brasil, creado en 1985 y el Instituto Butantan, un centro de investigación ubicado en Sao Paulo con 120 años de experiencia es el responsable de la vacunación de más de un tercio de la población de Brasil y entregan más de 150 millones de dosis al año.
Ricardo Palacios, director del área de investigación clínica del Instituto, declara que “la idea es que eventualmente, gracias a las garantías de este programa, se generen excedentes productivos que puedan ayudar a otros países y a otras organizaciones. Es una idea que se da luego de garantizar la producción para nuestro país.”
Finalmente, Adriana Pacheco indica que lo que se ha evidenciado y se puede aprender de otros países como Dinamarca, Irlanda, España, Estados Unidos y Perú es que se deben plantear estrategias de fortalecimiento y desarrollo de instituciones existentes hacía ecosistemas dinámicos, así como la diversificación de aportes y responsabilidades. Además, menciona que un punto en común de estos países es que no concentran las funciones y responsabilidades en actores públicos o privados.
Los tres ejes principales de la Política de Seguridad Farmacéutica
La propuesta abarca tres ejes fundamentales que además de buscar y motivar la investigación en el país, también pretenden aumentar la calidad de vida de la población en términos de acceso a los bienes esenciales en salud.
1. La independencia científica y tecnológica
Se propone aumentar las capacidades institucionales, financieras, de recurso humano, infraestructura y equipo para la generación de conocimiento y la creación de nueva tecnología o la asimilación de la existente que permita la producción de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales.
2. La suficiencia de la producción y la oferta farmacéutica
Se advierte que la demanda de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales puede satisfacerse por medio de la capacidad de producción alojada dentro del territorio nacional.
Sin embargo, Adriana Pacheco, directora del doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque, indica que “un contraste de este eje son las tendencias de provisión mixtas, que es lo que se ha visto en el contexto de la pandemia con el ejemplo de la provisión de las vacunas, en donde hemos visto que actores de la academia, con líderes en la industria y apoyo de los gobiernos, han producido las vacunas y las han puesto al servicio de la población.”
3. Disponibilidad farmacéutica y la asequibilidad
El proyecto de Ley plantea que los bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales estén disponibles en el momento en el que se requieran y estén dentro del contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS.
“En este punto deben tenerse en cuenta todos los elementos de la cadena de valor, que incluyen aspectos como la oportunidad, la eficiencia y la innovación, así como la vinculación de otro tipo de profesionales diferentes a los del sector como, por ejemplo, los desarrolladores”, indica Pacheco.
Aunque en el país hay un ecosistema farmacéutico que incluye organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Salud (INS), el Invima y el Ministerio de Salud, así como instituciones de educación superior, asociaciones de profesionales, grupos de investigación, entre otros, aún quedan aspectos por establecer como una política de seguridad farmacéutica más amplia. La doctora Pacheco insistió en que el proyecto actual requiere medir más los impactos en salud pública, beneficios para la población y ajustarse a referentes nacionales e internacionales.
