El Consejo de Estado admitió una acción de tutela que interpusieron Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo Yukpa, contra la Presidencia de la República, y los ministerios del Interior, de Cultura, y de Salud y Protección Social, así como contra el Congreso de la República, por considerar que no se les había consultado de manera previa antes de ser presentado el proyecto de reforma a la salud.
La alta corte sin embargo, negó la solicitud de medida provisional que pretendían los demandantes, para que fuera suspendido el trámite del proyecto de ley y retirado de la Cámara de Representantes.
“No se accederá a esta solicitud por cuanto el despacho, de lo manifestado en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no encuentra acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante que amerite la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”, sostiene el documento firmado por la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto.
Agrega que no se advierte en el asunto “necesidad imperiosa e inminente para que el juez constitucional intervenga en el sentido de acceder a la medida provisional solicitada”.
En cambio, remite copia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
Según la comunidad Yukpa, que alberga a uno 4.200 indígenas que habitan en seis resguardos ubicados en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril (Serranía del Perijá), y que curiosamente son de los que más sufren precisamente por la falta de atención oportuna en salud, duraron cuatro meses solicitando al ministerio de Salud, reuniones para hablar sobre la reforma, pero – dicen – nunca fueron atendidos.
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