El Comité Autónomo de Regla Fiscal, expidió un documento donde llamó la atención del Gobierno nacional, acerca de lo costoso que saldría el proyecto de Reforma a la Salud, que pretende sacar adelante el Gobierno nacional.
Según los expertos que integran dicho comité, el proyecto tendría un costo adicional a lo presupuestado entre 4 y 7 billones de pesos para su implementación, pues los gastos en arriendos, administración de estructuras y el riesgo del sistema podrían ser mayores de lo que los exministros de Hacienda y Salud y sus equipos calcularon.
En su evaluación enumeraron cinco riesgos que harían que la cuenta sea mucho más alta. Además, con los gastos como los calculó el gobierno, la reforma ya le añadiría más inflexibilidad al presupuesto público.
Según el Comité, el primer riesgo tiene que ver con los costos del modelo de Atención Primaria en Salud que podrían ser mucho más altos de lo que prevé el Gobierno. “La razón es que los precios de construcción y administración de Centros de Atención Primaria (CAP), así como la dotación y contratación de personal podría tener un costo más alto, dependiendo del lugar del país y del tiempo”.
Dado que según las cuentas del gobierno, los CAPS consumirían el 27 por ciento de los nuevos gastos del sistema, la sugerencia del Comité es que este sistema opere mediante asociaciones público-privadas, para reducir el riesgo de construcción y administración de estos centros y así también bajar su costo.
Así mismo advierten que “el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan”, lo que también podría aumentar la cuenta del sistema.
Y a esos mayores costos, se suma el riesgo de que el Estado no tenga la capacidad suficiente para administrar los recursos de las regiones. “La experiencia de la gestión regional de recursos de programas nacionales es mixta. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas, que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de salud”, dice el documento.
Según el CARF, al Gobierno también podría faltarle “capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado”.
De igual manera advierten que teniendo en cuenta que en la actualidad son los prestadores y aseguradores quienes asumen los riesgos legales de la prestación de los servicios, con la implementación del proyecto de reforma, que quitaría a esas dos instancias, sería la nación con sus instituciones la que tendría que asumir esos riesgos.
Esto, sin contar las indemnizaciones previas y plenas por demandas que le lleguen por parte de empresas privadas que ya no puedan ejercer su función.
La CARF propone en consecuencia, “valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”.
