Comfacor cuenta 538 mil afiliados en 5 departamentos de la Costa Atlántica, en cada de ellos opera como una EPS independiente, bajo la figura de “franquicia”.
Se ha conocido la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, de liquidar el programa de EPS de la caja de Compensación Familiar de Córdoba- Comfacor EPS, lo que pone de manifiesto la intención del gobierno del presidente Iván Duque de reducir el número de EPS que operan en el sistema de salud y, sobre todo, de sacar del mercado a aquellas entidades que no se centran en mejorar la calidad de la atención en salud de los usuarios.
Sin lugar a dudas, que los resultados financieros de la EPS Comfacor aconsejaban tomar medidas drásticas para preservar los intereses de 12 mil usuarios del régimen contributivo y 526 del régimen subsidiado.
Con pasivos que no tienen respaldo en los activos y un patrimonio negativo de 367 mil millones de pesos, respaldan la decisión de la Supersalud.
Si bien es cierto que, durante los primeros nueve meses del año 2018, la pérdida fue de 169 millones de pesos, la pérdida acumulada asciende a 376 mil millones de pesos.
Cuadro 2
Por otro lado, tras la liquidación de esta EPS, la Supersalud deberá revaluar la forma como otorga la capacidad de afiliación a las EPS, Comfacor está autorizada para afiliar 1 millón 600 mil usuarios, siendo que los indicadores financieros de manera progresiva se han ido deteriorando y ello debe traducirse en una restricción en la capacidad de afiliación.
Otros de los instrumentos que quedan en entre dicho con la liquidación de Comfacor EPS, es la utilidad que, para los usuarios, tienen el ranking de las EPS que anualmente elabora el Ministerio de Salud; en el 2018 se publicó el listado del desempeño de las EPS, cruzando el resultado de 51 indicadores de satisfacción del usuario, dando como resultado que en el régimen Subsidiado, las tres mejores fueron: Comfasucre, Caja de Compensación Familiar de la Guajira, y Comfacor.
Con la publicación del ranking de las EPS, el Ministerio de Salud pudo dar por cumplida la obligación legal impuesta por la Ley 1438, pero de ahí a pensar que se aportan elementos sustanciales a los ciudadanos para que puedan contar con información objetiva para garantizar al usuario su derecho a la libre elección de las EPS, no es tan cierto. Comfacor una de las primeras EPS del régimen subsidiado del país, se encuentra hoy en proceso de liquidación, lo que debe obligar al gobierno nacional a replantear la metodología con que elabora el ranking de las EPS.
Comfacor fue una de las cajas de compensación familiar que se introdujo en el sector del aseguramiento en salud, rompiendo el esquema territorial de las cajas de compensación como instrumento del subsidio familiar, con radio de acción en cada departamento; esta caja con la autorización del Superintendencia Nacional de Salud supo saltar del Departamento de Córdoba, a otros como Bolívar, Atlántico, Cesar y Magdalena; irradiando no precisamente un modelo de gestión del aseguramiento en salud, sino un indeseable tipo de “franquicia” donde los promotores de la EPS en cada departamento posee autonomía administrativa y presupuestal para comprometer los intereses de la EPS.
Cuadro 3
De esta manera, con la liquidación de Comfacor la Supersalud podría estar atacando un sistema de intermediación o “franquicia” que en años anteriores dio al traste con EPS como Unimec que, utilizando la razón social de la EPS para captar usuarios en cada departamento, tenía autonomía administrativa, que le permitía la contratación de servicios de salud, direccionar pagos y gestionar el aseguramiento con suficiente independencia de las orientaciones centrales de la EPS.
La dificultad mayor que tienen los afiliados a una EPS como Comfacor, que opera bajo la figura de “franquicia”, es cuando los usuarios migran del departamento de origen y solicitan atención en otro departamento, haciendo uso de la figura de portabilidad nacional, difícilmente autorizan un servicio por fuera de la red contratada inicialmente o a un afiliado que no corresponda a su entidad territorial.
En el pasado, las liquidaciones de las EPS ha sido un proceso largo y traumático, que ha dejado una traza de deudas impagables, tediosos procesos judiciales donde en algunos de ellos imputan la obligación de pagar a la Superintendencia Nacional de Salud, en el caso de la liquidación del programa de EPS de Comfacor, podría ser distinto, visto desde la arista de los acreedores, por cuanto la persona jurídica de la Caja de Compensación Familiar -Comfacor, al fin deberá responder por las cuentas por pagar afectando el patrimonio.
En los intentos para salvar a la EPS, en el gobierno anterior la caja de compensación familiar intentó escindir el patrimonio de la EPS, en una maniobra fallida mediante un plan Plan de reorganización institucional para crear una nueva EPS, con la participación de las cajas de Compensación Familiar de Cartagena “Comfamiliar Cartagena”; Comfacor de Córdoba, Confasucre de Sucre y Comfamiliar Huila, dicho plan fue negado por la Superintendencia Nacional de Salud, al considerar que “no cumple con todos los requisitos exigidos por normatividad.
En la resolución 10349 de octubre de 2018, la Superintendencia dejó en evidencia una serie de falencias al interior de Comfacor y las cajas aliadas, como que en los documentos entregados se evidenció diferencias no solo entre la información radicada por las Cajas de compensación familiar que participaron en dicho plan de reorganización y la información reportada por los posibles inversionistas a la Supersalud; como fue el caso de “catorce (14) inversionistas cuyo valor total de patrimonio es inferior al valor total de la capitalización propuesta”.
