Sin saber a ciencia cierta, quién o quiénes están detrás de la iniciativa, diversos sectores del sector farmacéutico alertaron sobre el “mico” que le quieren colgar al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, para evitar la comercialización de los genéricos de medicamentos biotecnológicos, lo que equivaldría a mantener el monopolio de grandes farmacéuticas y en consecuencia el control del precio de estos medicamentos.
La advertencia la han lanzado distintos actores, entre ellos el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed). “Ese mico es otro artificio para frenar el ingreso de los biotecnológicos competidores, es decir, se obliga a que se restrinja por ley, el argumento de la ley estatutaria que establece que los médicos deben prescribir lo mejor para su paciente”, dijo el director del Observatorio, Óscar Andia.
El parágrafo que buscan añadir lleva el título de “Autonomía Médica en el Plan Nacional de Mejoramiento de Calidad en salud”, y tiene como objetivo que el Gobierno tome medidas para “proteger la autonomía médica y el respeto el respeto de su prescripción” de medicamentos y que el Gobierno motive la autorregulación como pilar de la sostenibilidad financiera del sistema.
Se trata, dice el artículo en términos más técnicos, de “medidas enmarcadas dentro de la vigente prohibición de la sustitución (…) entre los medicamentos biotecnológicos que no tengan aprobada sanitariamente su intercambiabilidad, sin el consentimiento del médico tratante y el consentimiento informado del paciente”.
Andia insiste en que detrás del tema están las multinacionales propietarias de biotecnológicos monopólicos y algunos actores a su servicio que, con un falso discurso de defensa de la autonomía médica y el interés de los pacientes, buscan mantener las barreras al acceso de biotecnológicos competidores.
Expertos rechazan tal propuesta pues se ha demostrado que los llamados biosimilares ofrecen igual calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos biológicos innovadores, y tienen la enorme ventaja de reducir costos. Por lo tanto, deben ser considerados como la primera opción terapéutica.
La discusión está sobre el tapete y muchos ya señalan a la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), de estar impulsando la iniciativa, aunque esta organización lo ha negado.
Sin embargo, vale recordar que tras su posesión, Afidro envió una carta al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en la que le hacían tres pedidos, uno de los cuales consistió en frenar ese decreto de apertura de competencia, el otro es frenar la definición por valor terapéutico y precios a la entrada, que es otra estrategia fundamental para salvar el sistema de salud y finalmente frenar un mecanismo legal, aceptado en todo el mundo, para que ciertos medicamentos se declaren de interés público para hacer licencias obligatorias a fin de que se permita la importación de productos.
