Como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país de la crisis financiera en la que se encuentra y que se agravó por la pandemia de la Covid-19, la Federación Nacional de Departamentos radicó una proposición en el Congreso de la República, para gravar las bebidas endulzadas y azucaradas y que dicho recaudo vaya directamente al sistema de salud del país.
Actualmente, la deuda a la red pública hospitalaria asciende a más de $10 billones de pesos y según estimaciones de las propuestas del Ministerio de Salud, Universidad Nacional, RedPapaz, un posible recaudo derivado del impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas oscilaría entre $1.5 y $ 2 billones de pesos anuales. Es por esto por lo que, la propuesta de los entes territoriales consiste en una conciliación de las diferentes tarifas, determinando una de 300 pesos por cada litro (mil centímetros cúbicos o su equivalente) para bebidas nacionales y extranjeras; en donde sólo los productos lácteos, las bebidas vegetales, al igual que la panela, estarían exentos.
La destinación de este tributo sería específica y con la siguiente distribución: 50% de los recursos irían a la red hospitalaria pública de los departamentos y el Distrito Capital, y el 50% restante para financiar el funcionamiento del sector salud del nivel departamental y programas y proyectos de inversión en salud pública.
“En este momento no se trata solo de buscar un ingreso adicional para los entes territoriales, sino de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y consolidar una estrategia de prevención en salud pública, en la que se reduzca el consumo de azúcar y también enfermedades de riesgo cardiovascular, obesidad y diabetes. Adicional a estos beneficios, estamos presentando una alternativa para cubrir la deuda histórica con los hospitales públicos” aseguró Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos.
Una vez surtido el trámite legislativo en las plenarias de Cámara y Senado, se espera que sea aprobada antes de terminar el mes de septiembre, y que este impuesto entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, para así garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y brindar garantías de vida para los colombianos.
