La reciente sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la del Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento de marzo del año pasado, y que condenaba al médico Martín Horacio Carrillo del delito de lesiones personales del que lo había acusado la entonces presentadora de televisión Jessica Cediel, si bien absolvió de cualquier responsabilidad al médico, abrió nuevamente el debate sobre los controles que ejercen autoridades sanitarias y de salud sobre los medicamentos, procedimientos y tecnologías que se utilizan y se consumen en el país.
Para la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (Invima), no investigó a fondo, ni lanzó alertas sobre la comercialización fraudulenta del ácido hialurónico, que al final resultó ser silicona líquida, y así quedó expuesto en la audiencia pública en la que revocó la condena de Carrillo Gómez.
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“Médicos consultados durante el proceso aseguraron que el Invima nunca lanzó alertas sobre el hialucorp y que la única alerta que se lanzó fue a través del programa de televisión donde se dio a conocer el caso de Jesica Cediel”, se lee en la sentencia.
De ahí que las palabras de Jesica Cediel esta semana en una emisora radial en el sentido de que “llevaba diez años luchando contra su pesadilla”, evidencian desde hace cuándo se viene presentando esta problemática.
Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Colombia, en declaraciones también entregadas a W radio cuestionó fuertemente la labor del Invima al revelar que desde hace más de 10 años habían advertido a este organismo sobre este producto.
“Sabíamos que esa sustancia (Hialucorp) contenía un 90% de biopolímeros y solo 10% de ácido hialurónico. En esa época, hace más de 10 años fuimos a hablar con directivos del Invima y nos dijeron que iban a revisar el tema, el cual, por lo visto duraron revisando muchos años. Y además era muy llamativo que un frasco de 200 cms de Hialucorp costara en esa época 100 mil pesos, mientras que 1 cm de ácido hialurónico que se utiliza con fines cosméticos costaba unos 600 mil pesos, solo eso debió encender las alertas de muchas personas así fuera que tuviera registro sanitario del Invima”, sentenció Barbosa.
De manera tajante responsabilizó al Instituto por la laxitud con que en su opinión se entregan los registros sanitarios. “El Estado en muchos niveles está faltando a su labor, por ejemplo el Invima solo revisa papeles, pero ni revisa ni manda a un laboratorio a investigar que contiene determinado producto, y además no hay una legislación sobre el tema, y cada vez hay más víctimas y es necesario que el Estado legisle y evite más víctimas”, puntualizó.
Las víctimas son miles
El especialista Felipe Coiffman, padre de la cirugía plástica en Colombia y quien falleció el año pasado, había advertido años atrás que al menos hasta ese entonces, es decir año 2011, al menos unas 15 mil mujeres al año en el país habían sido víctimas de deformaciones faciales y corporales por causa del uso de diversas sustancias de relleno no autorizadas para ser inyectadas en el cuerpo humano.
El reconocido médico denominó la situación como alogenosis iatrogénica, por ser causada por sustancias ajenas al organismo, y por inyecciones de médicos, conscientes o no del daño que causan. Un 97% de los pacientes son de género femenino, que al momento del procedimiento, que generalmente se ofrece en centros de estéticas sin ningún tipo de control, salen satisfechas, pero el periodo de manifestación de síntomas varía entre unas horas hasta los 15 años después.
El Invima se defiende
En su defensa el Invima alega que efectivamente entregó registro sanitario a Hialucorp el 18 de julio del 2007, mediante resolución 2007014920, a favor de Abelardo Guerrero Pastez, propietario del establecimiento de comercio American Medical System Stetic, para importar y venderlo bajo ciertas condiciones.
La presentación comercial autorizada era una jeringa de vidrio con contenido de dos mililitros en empaque individual y que se debe usar “para dar contorno al rostro, es decir para lograr unos pómulos o un mentón más pronunciados”.
En el 2008 se le dejó la titularidad al señor Aldemar Pérez, propietario del establecimiento Medical Advance System, quien también agregó una marca llamada Bellaform.
El Invima alega que el 9 de diciembre del 2011, mediante resolución 2011047948, canceló los registros sanitarios de los productos Hialucorp y Bellaform, en virtud a que supuestamente llevaban tres años sin comercializarse y porque desde el 2007 tampoco se habían autorizado importaciones a favor de los titulares.
Es decir, el Invima admite que no canceló el registro sanitario por las denuncias que el mismo médico Martín Carrillo hizo ante la entidad en noviembre del 2011, al declarar que compró el producto Hialucorp al distribuidor Carlos Fernando Castellano Rojas, representante para Bogotá de los laboratorios Medical Advance System, de Cali; y que el 20 de marzo del 2009, después de aplicarlo a una paciente encontraron la presencia de biopolímeros en su cuerpo, con lo cual sospecha de una fraudulencia. El 18 de noviembre hizo llegar al Invima una bolsa plástica sellada con dos muestras etiquetadas como Hialucorp, en presentación de 250 centímetros cúbicos del lote 0078.
Por eso, llama la atención que esta determinación del Invima se tomara, justo después de que la quejosa Jesica Cediel expusiera su caso en el programa de Pirry.
Lo cierto es que sin o con registro sanitario, el Invima volvió a lanzar una nueva alerta en el 2015, sobre sustancias de relleno no autorizadas a base de biopolímeros que seguían ofreciéndose en centros de estética, lo que junto a las cifras reveladas por la Sociedad de Cirujanos Plásticos de mujeres que llegan donde estos especialistas para someterse a cirugías reconstructivas o de extracción de biopolímeros de sus cuerpos, reafirman lo dicho por el especialista Barbosa: falta rigurosidad en los procesos y requisitos del Invima y en los controles y auditorías que hacen las secretarías de Salud territoriales en laboratorios, clínicas, centros de estéticas y empresas comercializadoras.
Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias para que se adelante una investigación por delitos contra la Salud pública contra Aldemar Peréz, Abelardo Guerrero, Omar Agudelo y William Zúñiga, supuestos distribuidores y comercializadores del producto que le fue inyectado a Cediel.
