En un término de 6 meses, el ministerio de Salud y Protección Social adelantará la política pública de infertilidad para garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del sistema de seguridad social en salud.
La política tendrá los componentes investigativo, preventivo, educativo, diagnóstico y tratamiento oportuno y de adopción.
Luego de que se establezca la política, en un término no superior a un año, la cartera de Salud reglamentará el acceso a los tratamientos.
En la normativa argumenta que el tratamiento para la infertilidad es necesario debido a que quienes padecen este mal terminan “presentando alteraciones psicológicas reflejadas en depresión, ansiedad, frustración y hasta suicidios, lo que sin duda impacta negativamente el estado integro de bienestar de la población.
